Hace unos días se confirmó que el Juez ZAFFARONI cesará en sus funciones el día que
cumpla 75 años, conforme lo estipula la Constitución Nacional. Ese día, la Corte Suprema
quedará con un integrante menos que el número indicado en la ley que reglamenta su
funcionamiento.
Desde que la carta de renuncia del Juez ZAFFARONI tomó estado público —y más allá de los
divertidos comentarios que generó el tipo de letra y de saludo final elegidos para dirigirse a la
presidente de la nación— se desató una febril actividad política y una serie de especulaciones y
operaciones políticas han comenzado a florecer, en un terreno institucional inequívocamente
fértil para las maquinaciones.
a. El secretario de Justicia de la Nación abrió la especulación hacia una nueva ampliación
del número de ministros de la Corte Suprema (hace menos de 10 años, bajo el gobierno del
mismo partido político, y a su iniciativa, se sancionó la ley que estableció la progresiva
reducción de sus integrantes al número de cinco).
b. La presidenta de Justicia Legítima reclamó una negociación política franca para
designar a quien ocupe la vacante abierta. Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación
informaron la existencia de negociaciones entre el oficialismo y el radicalismo orientada a
intercambiar la nominación de algún candidato cercano al radicalismo a cambio de un pacto de
impunidad post transición presidencial.
c. Por otro lado varios medios de comunicación presentan públicamente a LEÓN
ARSLANIAN como un candidato autosustentable, vinculado al gobierno, pero con antecedentes,
prestigio y capacidad de operación política propia suficientes como para concitar la
aceptabilidad multipartidaria y ganar el super-consenso constitucionalmente exigido para la
nominación.
d. Asimismo, diversos dirigentes de la oposición, del radicalismo y del PRO, manifestaron
su rechazo total a la posibilidad de que el gobierno actual sea quien realice la nominación para
cubrir la vacante, reclaman un compás de espera hasta el próximo término presidencial, y
exigen que se abstenga de cualquier innovación en el tema.
e. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema ha comunicado a la población que la
Corte seguirá funcionando regularmente cualquiera sea el número de integrantes que tenga; y
el Jefe de Gabinete de la Nación denuncia un acuerdo entre la Corte y algunos partidos de la
oposición para demorar cualquier nombramiento hasta el nuevo mandato presidencial.
Cada una de las cinco líneas de especulación reseñadas —que seguramente no agotan el
rango de la imaginación política desatada, claro— es perfectamente verosímil. Cualquiera de
ellas podría finalmente guiar el proceso de reemplazo del Juez ZAFFARONI.
A mi modo de ver, ese hecho —en sí mismo— es un indicador inequívoco de que aún
después de 30 años de democracia y de una reforma constitucional carecemos de reglas (y
prácticas) básicas establecidas sobre la identidad y funcionamiento de una de las instituciones
vitales de la república. La Corte Suprema sigue estando —en el sentido que estamos
considerando aquí— sujeta a una manipulación política sin otro límite que la imaginación y la
capacidad del poder.
Paralelamente, la naturalidad y pasividad con que la opinión pública en general y la
comunidad jurídica en particular acepta esta radical indeterminación sobre el destino de la
Corte revela nuestra adaptación a este estado de manipulación política total (acaso el mismo
nivel de adaptación que la sociedad y la comunidad jurídica desarrolló ante los golpes de estado
durante el siglo XX).
Y qué decir del hecho de que distintos líderes políticos consumados favorezcan
abiertamente —y se muestren decididos a provocarla— una parcial acefalía en la Corte
Suprema, como un escenario preferible al de trabajar el super-consenso exigido por la
Constitución (lo mismo que ocurre con la acefalía del Defensor del Pueblo, y lo mismo que
ocurrió con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años,
dicho sea de paso).
La dinámica parlamentaria argentina navega en unas condiciones de pobreza y
degradación tales que nuestros legisladores ya no saben cómo elaborar un consenso
multipartidario cuando lo que se debe decidir y asignar —una magistratura, una defensoría del
pueblo— no permite la distribución de beneficios.
Durante todo este tiempo de especulaciones, una sola cosa deberíamos haber esperado,
una sola cosa deberíamos haber exigido, y una sola cosa debería haber sido dicha. Simple y
claramente: “la Presidente de la Nación realizará la nominación del reemplazo propuesto
dentro del plazo de 60 días de producida la vacante, tal como lo establece el Decreto
222/2003”.
Pero no.
En un país anómico, regido por el cálculo político y el juego de poder desnudos,
cualquier cosa puede ser dicha, salvo una: “tenemos reglas establecidas, y las cumplimos”.
No perdamos las esperanzas, tal vez en algún instante mágico y secreto nuestros líderes
políticos comprendan que tener reglas y seguirlas es también una forma de poder político, una
que además construye autoridad y legitimidad.
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