El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a través del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario, dedujo una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad de la ley 26.993, modificatoria de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Entre los agravios postulados, el organismo sostiene que la creación de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo avanzaría sobre potestades jurisdiccionales propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida en que la norma dispone «para una materia netamente local, como son las relaciones de consumo, una jurisdicción nacional (…) que resulta contraria a lo dispuesto en la ley 24.588, en tanto no responde a la necesidad de resguardar los intereses del Estado Nacional en el ámbito territorial de la Ciudad».
Señala, en ese marco, que la instauración del fuero nacional afectaría el ejercicio de la competencia atribuida al Ministerio Público Fiscal, al que se lo privaría de intervenir en las causas en las que conocen jueces ajenos a la Ciudad y, por tanto, se vería obligado «a presentarse en todas las acciones que se inicien ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, solicitando su incompetencia y remisión a la justicia local».
Afirma, por último, que la ley 26.993 genera una verdadera situación de incertidumbre e inseguridad jurídica para los consumidores y usuarios de la Ciudad en cuanto a la jurisdicción en la que deben litigar.
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